Se acerca el aniversario del 15M y se nuevo se espera que cientos de miles de personas salgan a la calle para pedir a los políticos, entre otras cosas, que tomen medidas encaminadas a favorecer a la gente, en vez de beneficiar a los mercados financieros.
Se puede estar de
acuerdo o no con las reivindicaciones del 15M: es muy democrático
discrepar. Pero con lo que necesariamente es imprescindible estar de
acuerdo es con el derecho de las personas a reunirse
y expresarse. Independientemente de nuestras ideas
políticas. Insisto: es un derecho de las personas y no
respetarlo atenta contra los Derechos Humanos (sigue...)
Es cierto que en
anteriores convocatorias algunos individuos han actuado de forma
violenta provocando disturbios y daños. Sabemos de sobra que son una
minoría. Sabemos también que millones de personas en todo el
territorio español secundaron las concentraciones y lo hicieron de
manera pacífica, como muestra ejemplar de ejercicio de la
ciudadanía. Sin lugar a dudas, las concentraciones fueron un modelo
para todo el mundo de cómo reunirse y expresarse de manera no
violenta.
Pero a los políticos
no les gustó: no les gustó que los ciudadanos salieran a la calle;
no les gustó que les criticaran; y, sobre todo, no les gustó, que
su protesta fuera pacífica, porque la no violencia pone al
descubierto los mecanismos violentos encubiertos de los que mandan.
Por eso ahora el gobierno ha impulsado una Reforma del Código Penal. En esta reforma hay dos puntos esenciales que violan nuestros derechos fundamentales:
- Se criminaliza la convocatoria de reuniones por medio de las redes sociales. El argumento es que hay probabilidades de que dichas convocatorias puedan degenerar en violencia. Es la teoría de la "guerra preventiva": no sé si vas a hacerme daño, pero, por si acaso, te lo hago yo a ti. De este modo, la voluntad popular de reunirse espontáneamente donde y cuando decidan queda eliminada. Ya sé que toda concentración necesita una autorización. Y sé que muchas reuniones convocadas por las redes sociales no tienen autorización. Pero se me ocurren dos preguntas:
¿No hay que revisar
si, en nuestros tiempos, con una democracia asentada, es preciso
otorgar una autorización explícita,
detallada y con meses de antelación, cada vez que un grupo de
personas se quiere reunir?
Y si la reunión se produce sin autorización,
¿por qué va a ser tratada como delito? ¿No es una falta
administrativa (falta de un papel)?
Con esta pregunta entramos ya en la segunda cuestión: qué pasa cuando la gente, a falta de un papel de permiso, decide pacíficamente en ese lugar.
- Se criminaliza la no violencia activa, la negativa a obedecer pacíficamente a la autoridad. Yo no soy un abanderado radical de la desobediencia, pero reconozco que, en ocasiones, es moral desobedecer, aunque sea ilegal hacerlo. Si la policía me ordena desalojar un sitio pero yo decido quedarme sentado en el suelo pacíficamente, estoy desobedeciendo pero no estoy cometiendo un delito.
¿De qué otro modo puedo defender lo que creo si no es resistiéndome pacíficamente? ¿No aprendimos nada del ejemplo del Ghandi? Entiendo que la policía tenga el deber (por las órdenes recibidas de la autoridad legal) de desalojarme. Pero yo puedo tener el deber moral en conciencia de desobedecer. Es un conflicto de deberes. Solución: que me levanten entre dos y pacíficamente me quiten del sitio. Lo acepto. Lo que no puedo aceptar es que la reforma penal afirme que dicha resistencia es delito, que soy un criminal y que seré penalizado con cárcel.
En resumen:
Se pretende que no podamos expresar nuestra opinión (nada de convocatorias donde la gente pueda expresarse).- Y se pretende que no podamos ni siquiera hacer nada por defendernos (la acción pacífica también es considerada delito).
Por estos motivos os envío una dirección en la que se están recogiendo firmas para suspender la nueva Reforma del Código Penal. Es un asunto extremadamente grave porque se juega en él nuestros valores democráticos, los pilares de nuestra ciudadanía y, en definitiva, la esencia de nuestra dignidad.
José Luis Quirós.
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