Cuando la Revolución Francesa alumbró una nueva etapa de la historia de la humanidad lo hizo bajo el lema de tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres palabras resumen los valores fundamentales que, proclamados por la Declaración de los Derechos Humanos, inspiran las diversas constituciones de los países democráticos. Nuestra Constitución, aprobada en referéndum en 1978, garantiza la igualdad de los ciudadanos afirmando en diversos artículos los derechos básicos que aseguran el bienestar y progreso de las personas: derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la educación, etc. La tarea primordial del Estado es garantizar el cumplimiento de estos derechos sociales, para lo cual, como es obvio, se requiere la inversión de los fondos públicos. Sin embargo, la actual propuesta de reforma de la Constitución, al limitar el gasto público, supone un límite a la acción del Estado, que verá cortado su margen de maniobra a la hora de aplicar programas sociales que garanticen dichos derechos. Dicho de otro modo: en aras de no endeudarse y contentar así a los voraces mercados, la igualdad de los ciudadanos deja de ser un objetivo prioritario, y se consagra la injusticia social. Aunque parezca que exagero, quizás una explicación más detenida pueda servir para ver con nitidez la gravedad de lo que está en juego (sigue...)
