La Constitución consagra la injusticia

         Cuando la Revolución Francesa alumbró una nueva etapa de la historia de la humanidad lo hizo bajo el lema de tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres palabras resumen los valores fundamentales que, proclamados por la Declaración de los Derechos Humanos, inspiran las diversas constituciones de los países democráticos. Nuestra Constitución, aprobada en referéndum en 1978, garantiza la igualdad de los ciudadanos afirmando en diversos artículos los derechos básicos que aseguran el bienestar y progreso de las personas: derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la educación, etc. La tarea primordial del Estado es garantizar el cumplimiento de estos derechos sociales, para lo cual, como es obvio, se requiere la inversión de los fondos públicos. Sin embargo, la actual propuesta de reforma de la Constitución, al limitar el gasto público, supone un límite a la acción del Estado, que verá cortado su margen de maniobra a la hora de aplicar programas sociales que garanticen dichos derechos. Dicho de otro modo: en aras de no endeudarse y contentar así a los voraces mercados, la igualdad de los ciudadanos deja de ser un objetivo prioritario, y se consagra la injusticia social. Aunque parezca que exagero, quizás una explicación más detenida pueda servir para ver con nitidez la gravedad de lo que está en juego (sigue...)

         En principio, la propuesta de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, parece de lo más razonable: no se puede gastar más de lo que se ingresa. ¿Quién no firmaría esa frase? Toda persona, cada familia, sabe que si uno gasta más de lo que tiene, se endeuda y, a la larga, dicha deuda se convierte en un lastre del que es muy difícil escapar. Por eso, la frase suena muy bien a los oídos de los ciudadanos, que asienten sin mayor reflexión a esta propuesta de gastar sólo lo que se tiene. Pero esta frase encierra una trampa mortal: pone el acento en lo que gasta el estado, en vez de ponerlo en otros dos aspectos que, a mi juicio, son mucho más decisivos: lo que ingresa y cómo lo distribuye.

         Vayamos al primer punto: lo que el Estado ingresa. Si ponemos el acento en que el Estado gasta más de lo que ingresa, y, en consecuencia, no pude gastar tanto, quizás deberíamos dar la vuelta al planteamiento diciendo que lo que el Estado debería hacer es ingresar más. Pero esta lectura no interesa a la clase política, porque afecta a los banqueros, empresarios y especuladores. El aumento de los ingresos públicos ha de venir del incremento de las tasas impositivas a la riqueza, es decir, a las fortunas de este país. No se puede sangrar más ya a la gente, salvo riesgo de una rebelión social. Es de todos sabido que esta crisis, como siempre, la están pagando las clases bajas y medias, pero no las altas que, al contrario, han recibido las ayudas del Estado para salvar sus lucrativos negocios. A esto habría que añadir la evasión de impuestos, los paraísos fiscales etc. que suponen una sangría para las arcas del Estado. Yo no digo que el Estado tenga que gastar y gastar, sin medida. Lo que digo es que el acento no se puede poner en la cantidad que se gasta sino en la cantidad que se ingresa. Lo que la Constitución debería consagrar es un principio semejante a este: el Estado debe ingresar los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales. Esa es la verdadera reforma constitucional: no limitar el gasto, sino garantizar los ingresos. El objetivo último no puede ser rebajar el endeudamiento para contentar a los mercados, sino asegurar los derechos de los ciudadanos. Y me refiero concretamente a educación y sanidad (por no meterme ahora con trabajo y vivienda) que son los aspectos que, invariablemetne, se recortan en cada crisis.

         Esto nos sitúa ya en el segundo punto: cómo el Estado distribuye lo que ingresa. Este aspecto es crucial, dado que de nada vale que el Estado ingrese más si luego lo distribuye mal. Todos sabemos que el dinero se puede gastar de muchas formas. De hecho, ahora que se están aplicando los recortes, la gente protesta porque se reduce el dinero en educación y salud, pero se mantienen las partidas del gasto militar, de la burocracia duplicada, de los privilegios de la clase política, etc. En ocasiones, el problema no es que no haya dinero, sino que se gasta en lo que no se debe, y se ahorra sustrayéndolo de los derechos básicos de la ciudadanía. Por eso, la verdadera reforma constitucional debería incluir este aspecto, que es una matización del anterior: el Estado debe redistribuir sus ingresos de modo que en todo caso los derechos sociales de los ciudadanos constituyan la prioridad de las políticas de los partidos, porque estos, sean quienes sean, existen para servir a los ciudadanos y no viceversa.

         Esta es la reforma de la Constitución que yo espero. La propuesta de los partidos mayoritarios sigue un camino radicalmente opuesto. El objetivo final que se busca es limitar la acción del Estado, poniéndole un freno en su gasto. Esto, en apariencia muy razonable, servirá para justificar que el Estado tenga las manos atadas a la hora de diseñar políticas sociales, consagrando en la carta magna los recortes que, de hecho, ya se aplican. Así, los derechos de los ciudadanos encaminados a promover la igualdad y la justicia social, serán marginados. Lo que propongo es precisamente lo contrario: los derechos sociales han de ser el objetivo final de quien gobierne, y la Constitución debe consagrar este principio. Yo lo he redactado de este modo:

El Estado debe ingresar los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales. En consecuencia, el Estado debe redistribuir sus ingresos de modo que los derechos sociales de los ciudadanos constituyan la prioridad de las políticas de los partidos, porque estos, sean quienes sean, existen para servir a los ciudadanos y no viceversa.

         Piénsese detenidamente esta propuesta. ¿No sería más justa? ¿No serviría realmente para garantizar los derechos que la propia Constitución proclama? Si esta fuera la propuesta de reforma constitucional, yo la votaría. Pero el problema es que ya ni eso podemos: no nos dejan votar. La propuesta de reforma constitucional, que requeriría un referéndum, va a ser tramitada a toda velocidad, casi con nocturnidad y alevosía, compichados los dos grandes partidos, haciendo oídos sordos a la petición del referéndum. No me extraña: saben que la gente, explicado lo que se esconde detrás de la propuesta (todo referéndum requiere un período de explicacion y reflexión), se negará a poner un tope que permita degradar sus derechos sociales. Por eso a PP y PSOE no les interesa que los ciudadanos voten. Perdonad si exagero, pero cuando los ciudadanos, depositarios de la soberanía popular, son excluídos de las decisiones de gran calado, como lo es nada más y nada menos que la reforma de la Constitución, uno puede dudar seriamente de vivir en una democracia, y suponer más bien que se encuentra ante una dictadura encubierta.

José Luis Quirós