¿Ciudadan@s o personas?

Hace unos días mi amigo Antonio y yo debatíamos sobre a quiénes debería extenderse la Renta Básica. La Renta Básica es una cantidad de dinero suficiente para que un individuo pueda cubrir todas sus necesidades elementales y, por tanto, hacer efectivos sus derechos. En algunas corrrientes de pensamiento se dice que la Renta Básica la debe percibir toda persona por el hecho de ser persona. Otros pensadores, en cambio, afirman que la Renta Básica debe ser entregada a tod@ ciudadan@. Y he aquí la cuestión: no es lo mismo persona que ciudadan@.

El mismo problema se plantea con las leyes de inmigración. En nuestra sociedad las leyes de extranjería tienen un carácter diferenciador al establecer un régimen jurídico específico para los extranjeros recortándoles el ejercicio de derechos fundamentales, que sí están reconocidos a los nacionales. Es decir, quienes son ciudadan@s tienen todos los derechos, pero los que no lo son (los foráneos) tienen algunos derechos disminuidos o eliminados.

Resumiendo: el problema que quiero plantear deriva del hecho de considerar únicamente como sujeto de derechos al ciudadano, pero no a la persona. Dicho de otro modo: los derechos constitucionales se extienden exclusivamente a los nacidos en el territorio nacional (o fuera de él pero de padres españoles). Y esto es importante, ya que este concepto de ciudadanía invalida en la práctica el concepto de persona. Efectivamente, toda persona, por el hecho de ser persona, es sujeto de una serie de derechos, considerados universales e inviolables. Sin embargo, aunque en teoría sea así, en la práctica sólo el que acredita ser ciudadan@ puede tener todos los derechos (sigue...)

A partir de la Declaración de los Derechos Humanos cabe hacer las siguientes consideraciones.

En primer lugar, reafirmar que estos derechos, universales e inviolables, están por encima de las leyes de los estados nacionales. Existe una contradicción entre considerar los derechos como pertenecientes a cada persona y, sin embargo, convertir la realización práctica de esos derechos en una cuestión de soberanía de los Estados y, por tanto, sometida al arbitrio de los gobiernos, que pueden legislar como quieran. Acepto que cualquier gobierno tiene un margen de libertad para hacer las leyes que considere oportunas, pero lo que nunca podrá hacer es eliminar mediante esas leyes los derechos de las personas. Los Derechos Humanos deben inspirar las leyes pertinentes para que dichos derechos sean efectivos; nunca las leyes pueden servir para conculcar esos derechos.

Segundo, hay que recordar que nuestro país ha firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Su deber es, por tanto, procurar que se cumpla. Es una hipocresía decir que se cree en los Derechos Humanos y luego incumplirlos con las leyes estatales. Y más hipócrita aún es pedir a otros países del mundo que cumplan los Derechos Humanos, cuando uno mismo no tiene intención de hacerlo… Además, el caso de nuestro país es especialmente significativo, ya que se esgrimen los Derechos Humanos como bandera para luchar contra el terrorismo (cosa, por lo demás, acertada y justa). Pero si se proclaman para defender algunos de esos derechos (a la vida, a la libertad, etc.), ¿por qué no se defienden todos los derechos? (educación, sanidad, trabajo, vivienda...).

En conclusión, el primer criterio de valoración ha de ser el reconocimiento y cumplimiento de los Derechos Humanos. Por tanto, lo urgente es recrear el concepto de ciudadanía, extendiéndole más allá de la idea del estado-nación. El concepto de ciudadano se refiere a la persona en cuanto miembro de un Estado de Derecho, que es aquel que reconoce, protege y promueve los derechos humanos. El nuevo concepto de ciudadanía debe ir unido a la idea de “mundo”: ciudadano del mundo. ¿Acaso no es esto lo que propone la tan ensalzada globalización? No podemos pretender una globalización del mercado, de la democracia y de nuestros patrones culturales, y negar la globalización de los derechos que nos parecen fundamentales para nuestros ciudadanos. ¿Cómo es posible justificar la globalización del dinero, las mercancías, el modelo político, las conductas, etc. y no permitir la globalización de los derechos? Para que nuestros estados democráticos y de derecho sean creíbles es imprescindible acometer la globalización de los derechos del ciudadano a todos los habitantes del planeta, a todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido. El paso pendiente que nos queda de dar es el de ciudadan@ a persona. 

José Luis Quirós