martes, 16 de julio de 2013

Organizaciones contra los desahucios


         

             Vivimos tiempos críticos. Críticos, por la extrema gravedad de la situación que padecen millones de personas. Críticos, porque de la solución que encontremos para los problemas depende el modelo de sociedad que construiremos en el futuro.

          De los múltiples aspectos de la realidad que la crisis está golpeando, voy a fijar mi atención en el drama de aquellos que están siendo desahuciados de sus casas, y la heroicidad de los que luchan denodadamente por impedirlo. Y dejadme tomar partido. Quiero ser objetivo, pero no imparcial. Son dos cosas distintas. Ser objetivo es intentar describir lo que sucede siendo honesto con lo real. Ser parcial significa tomar partido cuando hay de por medio una valoración moral y, en consecuencia, una urgencia al compromiso de la acción. Lo que quiero decir es que en esta historia hay agresores y víctimas, hay otros que miran para otro lado, y, finalmente, hay quienes, desde la indignación, no se resignan a que la injusticia campee impunemente (sigue...)


De las causas de la crisis y sus agresores
No quiero alargarme en este punto, por ser conocido, pero es precisa una breve contextualización para comprender la dimensión del problema.
La Ley del Suelo de 1998 liberalizó los terrenos para aumentar las superficies urbanizables y los empresarios invirtieron en la construcción masiva de casas, para lo cual pidieron grandes créditos bancarios. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió: el precio por metro cuadrado en 1998 de 1089 y 2007 se situó nada menos que en los 2816 euros. Los bancos impulsaron una política de préstamos para la compra de casas rebajando las exigencias para su concesión y aumentando las cuotas a 40 años. Así, la deuda de las empresas (para construir), de las familias (para comprar), de las cajas con otras entidades (para prestar) era descomunal. 
El país crecía no porque generara riqueza, sino porque operaba con un progresivo endeudamiento. Hasta que estalló una crisis de las subprime en Estados Unidos: grandes firmas de la banca y la inversión internacionales habían traficado con productos financieros “basura”, traspasando a precio de oro lo que, en realidad, no valía prácticamente nada. El afán por el lucro desmedido provocó una crisis mundial que repercutió con especial crudeza en España al estallar la burbuja inmobiliaria: los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda; como nadie prestaba dinero, el consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a despedir a millones de trabajadores, y las familias sin trabajo al no poder pagar su hipoteca y fueron expulsadas de sus casas. El desahucio se convirtió en el último eslabón de una cadena vergonzante (cf.: Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, Hay alternativas, Editorial Aguilar 2012; Aleix Saló, Españistán: este país se va a la mierda, Glenat España, 2013). 

De las víctimas de la crisis
         
Esta sucesión de acontecimientos tuvo consecuencias dramáticas para los ciudadanos. El precio de la vivienda se incrementó en un 250% mientras los salarios apenas subieron un 1% por encima del IPC. El acceso a la vivienda por parte de la población se convirtió en misión imposible: el pago de una hipoteca media supone cerca del 60% de los ingresos de una pareja. La media de endeudamiento está entre 35 y 40 años. Y así, hipotecada de por vida, con más de la mitad de sus ingresos destinados al pago de la deuda, rogando al cielo para no quedarse sin trabajo, el desempleo ha alcanzado casi los 6 millones de parados, habiendo ya 1,5 millones de familias en las que ninguno de sus miembros tiene ningún tipo de ingreso.
        La ley de ejecución de las hipotecas permite que el banco se quede con la casa cuando se producen los impagos. Posteriormente la saca a subasta por el 50% del valor de tasación en la escritura, la vende o, si nadie puja, se queda con ella. Luego descuenta ese valor del total de la deuda contraída y el resto resultante es la deuda que el hipotecado y ejecutado sigue debiendo al banco. Así, el ciudadano, además de perder su casa, queda condenado a la ruina de por vida. 

Esta práctica hipotecaria afecta en España, aproximadamente, a 1 millón de personas. Desde que comenzó la crisis se han producido más de 400.000 mil ejecuciones hipotecarias, y al drama de la pérdida del hogar se suele sumar la pérdida del empleo y la asunción de una deuda absolutamente inasumible. La consecuencia final y más trágica, ha sido la creciente oleada de suicidios de personas angustiadas por una situación sin salida. Para colmo, según el informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2011, había en España 3,4 millones de viviendas vacías, un 10,8% más que hace 10 años. Estas viviendas se mantienen con fines especulativos, desempeñando un valor en los balances de cuentas de los bancos.
         Por eso hablo de víctimas: porque han sido agredidas en su dignidad al atentar contra sus derechos fundamentales. Así, el artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…). Desarrollando este artículo, el Comité de Derechos Urbanos de la ONU, en su Observación General nº 4, asegura que la vivienda ha de ser digna y adecuada. 

¿Qué es una vivienda digna y adecuada?: aquella que es asequible a todas las personas, de modo que la legislación de cada país debe garantizar este derecho a los grupos de población en desventaja o bajo poder adquisitivo. Esto incluye la “seguridad jurídica de tenencia”: sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. No es de extrañar, en consecuencia, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya confirmado en una sentencia la ilegalidad de la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias, ya que los desahucios vulneran los derechos fundamentales y deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata.

Del Estado cómplice
          Es descorazonador pensar que este dictamen haya tenido que venir desde instancias foráneas y que no haya sido el propio Estado español el garante de los derechos de los ciudadanos.
Seguramente, el artículo 47 de la Constitución española sea desconocido por la mayoría y, sin embargo, es de una claridad impresionante: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
          Se afirma, pues, que el Estado tiene la obligación de “hacer efectivo” el derecho a la vivienda, asegurando que los ciudadanos la tengan y no se queden sin ella. Más aún, se afirma explícitamente que el Estado debe “impedir la especulación”, y que su intervención buscará “el interés general”. Si es así, valoremos la actuación del Estado: ¿ha buscado el bien de los ciudadanos o se ha puesto de parte de los que, especulando, querían mantener su margen de beneficios?
         
Cuando la crisis estalló, el Estado corrió a salvar a los bancos inyectándoles grandes cantidades de dinero. Ese dinero salió de las arcas públicas y de las instituciones europeas, interesadas en que España pagara a sus acreedores, en buena parte bancos alemanes. Y ese dinero computó como deuda pública. Los partidos mayoritarios, sin consultar a la ciudadanía, modificaron la Constitución para qué ésta garantizara por ley el pago de las deudas a los mercados. Para lograrlo se aplicaron durísimas medidas de ajuste y austeridad basadas en los recortes sociales y el aumento de impuestos. La consecuencia ha sido un brutal empobrecimiento de los ciudadanos, con una drástica reducción de la clase media mientras aumenta por millones el número de personas con ingresos muy reducidos, incluso, por debajo del umbral de la pobreza.
         Con sus leyes y medidas, ¿a quién ha beneficiado el Estado? ¿Por qué las políticas no han ido encaminadas a salvar a las personas y a las familias? ¿Por qué se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas? ¿Por qué no se modificó la Constitución en la línea de garantizar que habrá dinero suficiente para hacer efectivos los derechos sociales? A mi entender, el juicio es claro y meridiano: el Estado ha dado la espalda a la ciudadanía, ha actuado a sabiendas en contra de ella y ha tomado partido por los agresores.

De las organizaciones contra los desahucios
No vivimos, pues, en un estado de derecho, sino en un “estado de indefensión”. Quién debería no sólo hacer efectivos nuestros derechos sino, además, defendernos de quienes los ponen en peligro, ha decidido ponerse de parte de los agresores. Había que elegir entre los derechos y el capital, y el Estado ha elegido el capital. ¿Qué otra salida tienen los ciudadanos que indignarse, organizarse y luchar? Y así ha sido: los ciudadanos se han levantado y han dicho basta.
Dentro de los movimientos de lucha ciudadana en pro de una defensa efectiva del derecho a la vivienda hay que señalar a la PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA (www.viviendadigna.org ). Esta asociación, de ámbito nacional, inició su andadura en 2003, por tanto, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria. Esto significa que el problema de la vivienda no es nuevo, que no es fruto de una coyuntura económica, sino un mal endémico del sistema en el que estamos inmersos.
Esta Plataforma pretende, ni más ni menos, que se cumpla el artículo 47 de la Constitución: asegurar que todos tengan una vivienda digna y adecuada, que se impida la especulación inmobiliaria y que los posibles beneficios de las políticas urbanísticas repercutan en el bien común. ¡Ahí es nada! La Plataforma se constituye como movimiento ciudadano por el desamparo de las personas por parte del Estado. Así, aseguran que “la ausencia de un mecanismo de control democrático en el caso de omisión de las disposiciones contenidas en la Carta Magna ha causado que nuestros sucesivos gobiernos en sus diferentes instancias se hayan olvidado sistemáticamente de buscar fórmulas que garanticen la aplicación del derecho básico de acceso a la vivienda”.
         
Dicho de un modo más pedestre: los derechos quedan muy bonitos sobre el papel, pero son pura mentira si no hay políticas reales que los pongan en práctica; y el responsable de hacerlo es el Estado. Y si éste hace dejación de sus funciones, a la ciudadanía no le queda más remedio que organizarse para conseguir lo que le pertenece por derecho propio. Y no es simplemente una declaración de principios: la Plataforma por una Vivienda Digna hace propuestas concretas para asegurar el cumplimiento de este derecho. 
         
        La Plataforma por una Vivienda Digna lleva ya una década luchando por la defensa del derecho a la vivienda, pero, sin duda, quien ha acaparado la atención de la sociedad ha sido la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH: http://afectadosporlahipoteca.com/). Este movimiento social surgió en Barcelona en el año 2009 y se ha extendido por todo el estado español. La PAH sí se enmarca dentro del contexto de la crisis inmobiliaria y de las protestas ciudadanas contra las políticas de los gobiernos de los últimos años, especialmente las nacidas a raíz del movimiento 15-M. La PAH agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, así como personas solidarias con esta problemática. Se define como "un grupo de personas apartidista que [...] ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden hacer frente a las letras".
    Las primeras actuaciones de la PAH han de calificarse como actos de desobediencia civil y de resistencia pasiva ante las ejecuciones y notificaciones de desahucios, realizando concentraciones ante la puerta de la casa de los afectados, impidiendo el paso de los agentes judiciales e imposibilitando el desalojo. Esta campaña se bautizó con el título “Stop Desahucios”, se inició en noviembre de 2010. Se podría decir que esta campaña es concebida como una medida de emergencia ante una situación dramática que requiere respuesta urgente.

 Sin embargo, conscientes de que el problema es mucho mayor, la PAH comenzó en junio de 2010 la campaña “Dación en pago”. La dación en pago suele aplicarse como sistema de pago final por parte del deudor de una hipoteca inmobiliaria a la que no puede enfrentar las cuotas impuestas por el crédito hipotecario  establecido y en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, para liberarse de la deuda: es decir, la deuda con el banco queda saldada mediante la entrega de la vivienda hipotecada. Tal posibilidad no es ajena a la propia ley hipotecaria española la cual, en su Artículo 140, prevé la dación de pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de formalizar el préstamo hipotecario.


 La PAH puso entonces en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar una propuesta de ley al Congreso de los Diputados. Esta propuesta recogió un millón y medio de firmas, que fueron entregadas en el Congreso en febrero de 2013. Tras ser admitida a trámite, el texto fue sucesivamente alterado por los partidos mayoritarios, hasta desdibujarlo notablemente. El texto resultante, bajo el título de Ley de Medidas para la Protección de los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, fue aprobado únicamente con los votos del Partido Popular, no en un pleno, sino en una comisión, y por 23 votos a favor y 21 en contra. La dación en pago es contemplada de forma muy mínima y en casos extremísimos. El principal punto de la ley es la suspensión temporal de los desahucios por dos años para quienes cumplan ciertos requisitos de vulnerabilidad y con vistas a reanudar el pago de la deuda posteriormente. Pese al respaldo generalizado de la sociedad a la dación en pago (con un apoyo de casi el 90%), y al apoyo que la I.L.P. ha recibido por la sentencia del Tribunal Europeo, el Congreso de los Diputados ha hecho oídos sordos al drama de millones de personas lapidando las esperanzas de muchos.
 La PAH puso entonces en marcha una
   Sin embargo, esta “derrota” de la ILP no ha supuesto el fin de las movilizaciones. Así, por ejemplo, se ha puesto en marcha la “Obra Social La PAH”. Copiada con un tono irónico de la conocida Obra Social La Caixa, esta campaña persigue la reapropiación ciudadana de las viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. En los casos en que las concentraciones ciudadanas de la campaña “Stop Desahucios” no paralicen los desalojos, la PAH dará cobertura a las familias para recuperar las viviendas de las que han sido desalojados. Esta campaña, en palabras de la PAH, tiene un triple objetivo: recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle; agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago; y forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.
 Pero, sin duda alguna, la acción que más ha dado que hablar últimamente son los “escraches”, enmarcados dentro de la campaña  “Hay vidas en Juego”. Un escrache es un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas pro derechos humanos se  dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar y que tiene como fin que dicha denuncia sea conocida por la opinión pública. En el caso concreto de la PAH, los escraches son parte de una campaña de información para que los diputados conozcan la realidad la que se ven abocadas las personas afectadas por la hipoteca. 
 Las acciones de la PAH, incluidos los escraches, son de carácter pacífico y rechazan cualquier agresión, verbal o física. Sin embargo, la PAH ha sufrido una campaña de desprestigio por parte de miembros del Partido Popular y medios de comunicación afines, quienes acusan a la PAH de antidemocráticos y de emprender acciones de carácter totalitario. Esta ha sido, una vez más, la burda manera que se ha buscado de criminalizar a unos ciudadanos que, de manera pacífica, y dentro del marco de la ley, no se resignan a defender los derechos que les son propios y que sus representantes políticos les niegan. A mi juicio los escraches no sólo son un instrumento pacífico ajustado al derecho a la libertad de expresión sino, sobre todo, una cuestión de justicia. Como ejemplo, baste esta defensa:

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. (Javier Gallego, “Escrache”, en El diario.es 28/03/2013)

Conclusión
   
Los movimientos de la ciudadanía en contra de los desahucios son una buena noticia. Representan la justa movilización por el desamparo de millones de personas ante los ataques de poderosas entidades financieras y empresariales con el apoyo de unos gobiernos que han hecho al Estado cómplice de sus injusticias. Pero aún significan más: su lucha repercute también en los No Afectados por el tema de la vivienda, ya que, en el fondo, a lo que se apunta es a un nuevo modelo de sociedad, a un nuevo modelo de democracia. Este es el gran reto y la gran ilusión: la sociedad civil despierta para construir una democracia más directa y participativa, una democracia basada en la transparencia, una democracia que sirva al bien común buscando siempre el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las personas.

                                                                                                                       José Luis Quirós


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