Vivimos tiempos
críticos. Críticos, por la extrema gravedad de la situación que
padecen millones de personas. Críticos, porque de la solución que
encontremos para los problemas depende el modelo de sociedad que
construiremos en el futuro.
De los múltiples
aspectos de la realidad que la crisis está golpeando, voy a fijar mi
atención en el drama de aquellos que están siendo desahuciados de
sus casas, y la heroicidad de los que luchan denodadamente por
impedirlo. Y dejadme tomar partido. Quiero ser objetivo, pero no
imparcial. Son dos cosas distintas. Ser objetivo es intentar
describir lo que sucede siendo honesto con lo real. Ser parcial
significa tomar partido cuando hay de por medio una valoración moral
y, en consecuencia, una urgencia al compromiso de la acción. Lo que
quiero decir es que en esta historia hay agresores y víctimas, hay
otros que miran para otro lado, y, finalmente, hay quienes, desde la
indignación, no se resignan a que la injusticia campee impunemente (sigue...)
De las causas de la
crisis y sus agresores
No
quiero alargarme en este punto, por ser conocido, pero es precisa una
breve contextualización para comprender la dimensión del problema.
La
Ley del Suelo de 1998 liberalizó los terrenos para aumentar las
superficies urbanizables y los empresarios invirtieron en la
construcción masiva de casas, para lo cual pidieron grandes créditos
bancarios. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los
pisos subió: el precio por metro cuadrado en 1998 de 1089 y 2007 se
situó nada menos que en los 2816 euros. Los bancos impulsaron una
política de préstamos para la compra de casas rebajando las
exigencias para su concesión y aumentando las cuotas a 40 años.
Así, la deuda de las empresas (para construir), de las familias
(para comprar), de las cajas con otras entidades (para prestar) era
descomunal.
El país crecía no porque generara riqueza, sino porque
operaba con un progresivo endeudamiento. Hasta que estalló una
crisis de las subprime en Estados Unidos: grandes firmas de la
banca y la inversión internacionales habían traficado con productos
financieros “basura”, traspasando a precio de oro lo que, en
realidad, no valía prácticamente nada. El afán por el lucro
desmedido provocó una crisis mundial que repercutió con especial
crudeza en España al estallar la burbuja inmobiliaria: los bancos
dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda;
como nadie prestaba dinero, el consumo se desplomó, se contrajo la
economía, las empresas empezaron a despedir a millones de
trabajadores, y las familias sin trabajo al no poder pagar su
hipoteca y fueron expulsadas de sus casas. El desahucio se convirtió
en el último eslabón de una cadena vergonzante (cf.: Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, Hay alternativas, Editorial Aguilar 2012; Aleix Saló, Españistán: este país se va a la mierda, Glenat España, 2013).
De las víctimas de la
crisis
Esta sucesión de
acontecimientos tuvo consecuencias dramáticas para los ciudadanos.
El precio de la vivienda se incrementó en un 250% mientras los
salarios apenas subieron un 1% por encima del IPC. El acceso a la
vivienda por parte de la población se convirtió en misión
imposible: el pago de una hipoteca media supone cerca del 60% de los
ingresos de una pareja. La media de endeudamiento está entre 35 y 40
años. Y así, hipotecada de por vida, con más de la mitad de sus
ingresos destinados al pago de la deuda, rogando al cielo para no
quedarse sin trabajo, el desempleo ha alcanzado casi los 6 millones
de parados, habiendo ya 1,5 millones de familias en las que ninguno
de sus miembros tiene ningún tipo de ingreso.
La ley de ejecución de
las hipotecas permite que el banco se quede con la casa cuando se
producen los impagos. Posteriormente la saca a subasta por el 50% del
valor de tasación en la escritura, la vende o, si nadie puja, se
queda con ella. Luego descuenta ese valor del total de la deuda
contraída y el resto resultante es la deuda que el hipotecado y
ejecutado sigue debiendo al banco. Así, el ciudadano, además de
perder su casa, queda condenado a la ruina de por vida.
Esta práctica
hipotecaria afecta en España, aproximadamente, a 1 millón de
personas. Desde que comenzó la crisis se han producido más de
400.000 mil ejecuciones hipotecarias, y al drama de la pérdida del
hogar se suele sumar la pérdida del empleo y la asunción de una
deuda absolutamente inasumible. La consecuencia final y más trágica,
ha sido la creciente oleada de suicidios de personas angustiadas por
una situación sin salida. Para colmo, según el informe del
Instituto Nacional de Estadística del año 2011, había en España
3,4 millones de viviendas vacías, un 10,8% más que hace 10 años.
Estas viviendas se mantienen con fines especulativos, desempeñando
un valor en los balances de cuentas de los bancos.
Por eso hablo de
víctimas: porque han sido agredidas en su dignidad al atentar contra
sus derechos fundamentales. Así, el artículo 25.1 de la Declaración
de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios
(…). Desarrollando este artículo, el Comité de Derechos
Urbanos de la ONU, en su Observación General nº 4, asegura que la
vivienda ha de ser digna y adecuada.
¿Qué es una vivienda digna y
adecuada?: aquella que es asequible a todas las personas, de modo que
la legislación de cada país debe garantizar este derecho a los
grupos de población en desventaja o bajo poder adquisitivo. Esto
incluye la “seguridad jurídica de tenencia”: sea cual fuere el
tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. No es de extrañar,
en consecuencia, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
haya confirmado en una sentencia la ilegalidad de la legislación
española sobre ejecuciones hipotecarias, ya que los desahucios
vulneran los derechos fundamentales y deben ser paralizados de oficio
y de forma inmediata.
Del Estado cómplice
Es descorazonador pensar
que este dictamen haya tenido que venir desde instancias foráneas y
que no haya sido el propio Estado español el garante de los derechos
de los ciudadanos.
Seguramente, el artículo
47 de la Constitución española sea desconocido por la mayoría y,
sin embargo, es de una claridad impresionante: “Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos”.
Se afirma, pues, que el
Estado tiene la obligación de “hacer efectivo” el derecho a la
vivienda, asegurando que los ciudadanos la tengan y no se queden sin
ella. Más aún, se afirma explícitamente que el Estado debe
“impedir la especulación”, y que su intervención buscará “el
interés general”. Si es así, valoremos la actuación del Estado:
¿ha buscado el bien de los ciudadanos o se ha puesto de parte de los
que, especulando, querían mantener su margen de beneficios?
Cuando la crisis
estalló, el Estado corrió a salvar a los bancos inyectándoles
grandes cantidades de dinero. Ese dinero salió de las arcas públicas
y de las instituciones europeas, interesadas en que España pagara a
sus acreedores, en buena parte bancos alemanes. Y ese dinero computó
como deuda pública. Los partidos mayoritarios, sin consultar a la
ciudadanía, modificaron la Constitución para qué ésta garantizara
por ley el pago de las deudas a los mercados. Para lograrlo se
aplicaron durísimas medidas de ajuste y austeridad basadas en los
recortes sociales y el aumento de impuestos. La consecuencia ha sido
un brutal empobrecimiento de los ciudadanos, con una drástica
reducción de la clase media mientras aumenta por millones el número
de personas con ingresos muy reducidos, incluso, por debajo del
umbral de la pobreza.
Con sus leyes y medidas,
¿a quién ha beneficiado el Estado? ¿Por qué las políticas no han
ido encaminadas a salvar a las personas y a las familias? ¿Por qué se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas? ¿Por qué
no se modificó la Constitución en la línea de garantizar que habrá
dinero suficiente para hacer efectivos los derechos sociales? A mi
entender, el juicio es claro y meridiano: el Estado ha dado la
espalda a la ciudadanía, ha actuado a sabiendas en contra de ella y
ha tomado partido por los agresores.
De las organizaciones
contra los desahucios
No
vivimos, pues, en un estado de derecho, sino en un “estado de
indefensión”. Quién debería no sólo hacer efectivos nuestros
derechos sino, además, defendernos de quienes los ponen en peligro,
ha decidido ponerse de parte de los agresores. Había que elegir
entre los derechos y el capital, y el Estado ha elegido el capital.
¿Qué otra salida tienen los ciudadanos que indignarse, organizarse
y luchar? Y así ha sido: los ciudadanos se han levantado y han dicho
basta.
Dentro
de los movimientos de lucha ciudadana en pro de una defensa efectiva
del derecho a la vivienda hay que señalar a la PLATAFORMA
POR UNA VIVIENDA DIGNA (www.viviendadigna.org ). Esta asociación, de ámbito nacional, inició su andadura en 2003,
por tanto, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria. Esto
significa que el problema de la vivienda no es nuevo, que no es fruto
de una coyuntura económica, sino un mal endémico del sistema en el
que estamos inmersos.
Esta
Plataforma pretende, ni más ni menos, que se cumpla el artículo 47
de la Constitución: asegurar que todos tengan una vivienda digna y
adecuada, que se impida la especulación inmobiliaria y que los
posibles beneficios de las políticas urbanísticas repercutan en el
bien común. ¡Ahí es nada! La Plataforma se constituye como
movimiento ciudadano por el desamparo de las personas por parte del
Estado. Así, aseguran que “la ausencia de un mecanismo de
control democrático en el caso de omisión de las disposiciones
contenidas en la Carta Magna ha causado que nuestros sucesivos
gobiernos en sus diferentes instancias se hayan olvidado
sistemáticamente de buscar fórmulas que garanticen la aplicación
del derecho básico de acceso a la vivienda”.
Dicho de un modo más
pedestre: los derechos quedan muy bonitos sobre el papel, pero son
pura mentira si no hay políticas reales que los pongan en práctica;
y el responsable de hacerlo es el Estado. Y si éste hace dejación
de sus funciones, a la ciudadanía no le queda más remedio que
organizarse para conseguir lo que le pertenece por derecho propio. Y
no es simplemente una declaración de principios: la Plataforma por
una Vivienda Digna hace propuestas concretas para asegurar el
cumplimiento de este derecho.
La Plataforma por una
Vivienda Digna lleva ya una década luchando por la defensa del
derecho a la vivienda, pero, sin duda, quien ha acaparado la atención
de la sociedad ha sido la PLATAFORMA
DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH: http://afectadosporlahipoteca.com/).
Este movimiento social surgió en Barcelona en el año 2009 y se ha
extendido por todo el estado español. La PAH sí se enmarca dentro
del contexto de la crisis inmobiliaria y de las protestas ciudadanas
contra las políticas de los gobiernos de los últimos años,
especialmente las nacidas a raíz del movimiento 15-M. La PAH agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, así como personas solidarias con esta problemática. Se define como "un
grupo de personas apartidista que [...] ante la constatación de que
el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos
cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas
hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no
pueden hacer frente a las letras".
Las primeras
actuaciones de la PAH han de calificarse como actos de desobediencia
civil y de resistencia pasiva ante las ejecuciones y notificaciones
de desahucios, realizando concentraciones ante la puerta de la casa
de los afectados, impidiendo el paso de los agentes judiciales e
imposibilitando el desalojo. Esta campaña se bautizó con el título
“Stop Desahucios”, se inició en noviembre de 2010. Se
podría decir que esta campaña es concebida como una medida de
emergencia ante una situación dramática que requiere respuesta
urgente.
Sin embargo, conscientes de que el problema es mucho mayor, la PAH comenzó en junio de 2010 la campaña “Dación en pago”. La
dación en pago suele aplicarse como sistema de pago final por parte
del deudor de una hipoteca inmobiliaria a la que no puede enfrentar
las cuotas impuestas por el crédito hipotecario establecido
y en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, para liberarse
de la deuda: es decir,
la deuda con el banco queda saldada mediante la entrega de la
vivienda hipotecada. Tal
posibilidad no es ajena a la propia ley hipotecaria española la
cual, en su Artículo 140, prevé la dación de pago, siempre y
cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de
formalizar el préstamo hipotecario.
La PAH puso entonces en
marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar
una propuesta de ley al Congreso de los Diputados. Esta propuesta
recogió un millón y medio de firmas, que fueron entregadas en el
Congreso en febrero de 2013. Tras ser admitida a trámite, el texto
fue sucesivamente alterado por los partidos mayoritarios, hasta
desdibujarlo notablemente. El texto resultante, bajo el título de
Ley de Medidas para la Protección de los Deudores,
Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, fue aprobado
únicamente con los votos del Partido Popular, no en un pleno, sino
en una comisión, y por 23 votos a favor y 21 en contra. La dación
en pago es contemplada de forma muy mínima y en casos extremísimos.
El principal punto de la ley es la suspensión temporal de los
desahucios por dos años para quienes cumplan ciertos requisitos de
vulnerabilidad y con vistas a reanudar el pago de la deuda
posteriormente. Pese al respaldo generalizado de la sociedad a la
dación en pago (con un apoyo de casi el 90%), y al apoyo que la
I.L.P. ha recibido por la sentencia del Tribunal Europeo, el Congreso
de los Diputados ha hecho oídos sordos al drama de millones de
personas lapidando las esperanzas de muchos.
Sin embargo, esta “derrota” de la ILP no ha supuesto el fin de
las movilizaciones. Así, por ejemplo, se ha puesto en marcha la
“Obra Social La PAH”. Copiada con un tono irónico de la
conocida Obra Social La Caixa, esta campaña persigue la
reapropiación ciudadana de las viviendas vacías en manos de
entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. En los casos
en que las concentraciones ciudadanas de la campaña “Stop
Desahucios” no paralicen los desalojos, la PAH dará cobertura a
las familias para recuperar las viviendas de las que han sido
desalojados. Esta campaña, en palabras de la PAH, tiene un triple
objetivo: recuperar la función social de una vivienda vacía para
garantizar que la familia no quede en la calle; agudizar la presión
sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago;
y forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez
por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una
vivienda.
Pero, sin duda alguna, la acción que más ha dado que hablar últimamente son los “escraches”, enmarcados dentro de la campaña “Hay vidas en Juego”. Un
escrache
es
un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas
pro derechos humanos se
dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere
denunciar
y que
tiene como fin que dicha denuncia sea conocida por la opinión
pública. En el caso concreto de la PAH, los escraches son
parte de una campaña de información para
que los diputados conozcan la realidad la que se ven abocadas las
personas afectadas por la hipoteca.
Las acciones de la PAH,
incluidos los escraches, son de carácter pacífico y rechazan
cualquier agresión, verbal o física. Sin embargo, la PAH ha sufrido
una campaña de desprestigio por parte de miembros del Partido
Popular y medios de comunicación afines, quienes acusan a la PAH de
antidemocráticos y de emprender acciones de carácter totalitario.
Esta ha sido, una vez más, la burda manera que se ha buscado de
criminalizar a unos ciudadanos que, de manera pacífica, y dentro del
marco de la ley, no se resignan a defender los derechos que les son
propios y que sus representantes políticos les niegan. A mi juicio
los escraches no sólo son un instrumento pacífico ajustado al
derecho a la libertad de expresión sino, sobre todo, una cuestión
de justicia. Como ejemplo, baste esta defensa:
Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado
que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de
los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un
millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y
habéis tratado de escaparos de ellos. Os pedimos pan y nos
dais migajas. Os
pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Ahora
van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda
casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca
sentir lo que sienten los perseguidos. (Javier Gallego, “Escrache”, en El diario.es 28/03/2013)
Conclusión
Los movimientos de la
ciudadanía en contra de los desahucios son una buena noticia.
Representan la justa movilización por el desamparo de millones de
personas ante los ataques de poderosas entidades financieras y
empresariales con el apoyo de unos gobiernos que han hecho al Estado
cómplice de sus injusticias. Pero aún significan más: su lucha
repercute también en los No Afectados por el tema de la vivienda, ya
que, en el fondo, a lo que se apunta es a un nuevo modelo de
sociedad, a un nuevo modelo de democracia. Este es el gran reto y la
gran ilusión: la sociedad civil despierta para construir una
democracia más directa y participativa, una democracia basada en la
transparencia, una democracia que sirva al bien común buscando
siempre el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las
personas.
José Luis Quirós
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