100 días de gobierno... al servicio del capitalismo salvaje

Los primeros 100 días del nuevo gobierno nos han dejado bien claro cuál es la prioridad: garantizar a los ricos sus riquezas consolidando así un proceso por el cual cada vez más unos pocos se van haciendo con los bienes de la mayoría. Sé que esta frase puede ser calificada de tendenciosa y parcial. Sin embargo, quiero citar cuatro grandes signos que sustentan mi firme convicción de que nuestros gobernantes sirven a los intereses de una oligarquía económica. A nadie más. (sigue...)

El primero de ellos es, cómo no, la reforma laboral.

La nueva reforma laboral está destruyendo de un plumazo derechos sociales conquistados tras duras luchas mantenidas a lo largo de siglos. Todas las conquistas de la lucha obrera, que conforman los derechos humanos de segunda generación (educación, salud, trabajo, vivienda, tiempo libre etc.) se ven seriamente amenazadas. La reforma laboral atenta, como es obvio, con aquellas que tienen que ven con el derecho al trabajo: éste proclamado derecho lo ha sido siempre sobre el papel, porque en la práctica, lo que es un derecho inalienable de la persona, ha quedado al arbitrio de los agentes económicos, cuyo objetivo no es procurar un trabajo digno para todos, sino obtener el máximo beneficio. Los diferentes gobiernos, y especialmente el actual, se han plegado a esta consideración, de modo que, aunque se cacaree que el objetivo de la reforma es favorecer el empleo y acabar con el paro, en realidad lo que se persigue es garantizar las ganancias de los empresarios por la vía tradicional de la explotación de la mano de obra. ¿Y si no qué otra explicación tienen las siguientes medidas?:

• Se despide a la persona con una indemnización de 20 días por año trabajado.
• Se penalizada duramente la falta al trabajo: 9 días de baja pueden llevar al paro aunque estén justificados.
• Se puede despedir a una persona si los ingresos disminuyen durante tres meses (el empresario tendrá beneficios pero menores de lo que le gustaría).
• En cualquier momento, de manera unilateral y sin una causa definida, se puede bajar el suelo del empleado.
• Igualmente, la jornada, los horarios, los turnos etc. podrán ser modificados cuando y cómo lo desee el empresario si así lo cree conveniente.
• Todos los despidos se consideran procedentes. Si el empleado despedido no está de acuerdo tendrá que demostrar él mismo ante los juzgados que su despido fue improcedente.
• Los famosos ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) ya no tienen que recibir el visto bueno de la administración pública. Quedan a la discreción del empresario.

Como dice la propia reforma, “al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo”. Leí en algún sitio que esto era como decir que los esclavos necesitaban buenos latigazos para trabajar mejor.

El segundo, la amnistía fiscal.

Una de la reivindicaciones tradicionales de los progresistas ha sido que se subieran los impuestos a los ricos, de modo que quienes más tienen más paguen. El movimiento 15-M incidió en este aspecto, y en la campaña electoral fue esgrimido por los partidos de izquierda. Pero, lejos de hacer que los que más tienen más aporten, estamos ante una situación en la que se va a perdonar a aquellos ricos que han robado a todos bajo el modo de fraude fiscal. Es bien sabido que quienes más defraudan a Hacienda son las grandes fortunas. Hay muchas maneras de hacerlo. Cuando la cuantía defraudada supera los 100.000 euros es un delito (por debajo de esta cifra es una falta administrativa). La ley de amnistía fiscal pretende que aquellos que defraudan al fisco dejen de hacerlo. ¿Cómo?: su robo no se considerará delito, se hará borrón y cuenta nueva, y a cambio pagarán el 10% de lo debido, en vez del 41% que les tocaría por ley. Evidentemente, esta medida, salvo argumentación demagógica, no está pensada para el autónomo que hace chapuzas y cobra en negro (hay que ganar mucha pasta para tener que pagar al menos 100.000 euros de impuestos). Más bien está pensada para que las fortunas que evaden dinero y por tanto, nos roban a todos, sigan robando pero en otras condiciones: roban un poco menos (porque pagan el 10%) y a cambio roban de manera legal (se les aplica la amnistía). Impresionante.

El tercero, los presupuestos generales del Estado.

Los presupuestos generales tradicionalmente son tomados como una línea maestra de la política del gobierno, una declaración de intenciones de lo que se quiere llevar a cabo. Los actuales presupuestos, presentados por el presidente del Gobierno, han sido calificados por éste mismo como “inevitables”. El presidente popular reconoce que no son los presupuestos que le gustaría y que se ve forzado por las circunstancias a adoptar una serie de medidas que no son populares (y no es un juego de palabras). Lo cierto es que tiene toda la razón y no nos está diciendo ninguna mentira: los presupuestos del Estado reflejan un recorte brutal en casi todas las partidas de la Administración, siendo especialmente sangrante el caso de los dineros destinados a la cobertura social. Dichas medidas vienen dictadas por los mercados. Cuando Rajoy dice que estos presupuestos son inevitables y que no hay otra salida no hace sino reconocer lo que ya sabemos: que el timón lo llevan los grandes banqueros y empresarios (los mercados), que ellos dictan las normas y los gobiernos obedecen sin rechistar y que, por tanto, las decisiones del ejecutivo (en este caso los presupuestos generales) no están pensadas para el beneficio de la gente sino para satisfacer las exigencias del dios mercado: que los dineros ahorrados por los drásticos recortes vayan a parar (vía pago de la deuda) a las arcas de banqueros. No nos engañemos: no solo no hay un gobierno del pueblo sino que, como en el despotismo ilustrado, ni siquiera hay un gobierno para el pueblo. Ni del pueblo ni para el pueblo: contra el pueblo, a favor de los poderosos. 

Y por último, la reunión de dichos poderosos con el rey.

No daba crédito a lo que estaba viendo. Me parecía estar viviendo una estampa absolutamente medieval. El monarca hace llamar a los “notables” del reino: los presidentes (todos varones, por supuesto) de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, Mapfre, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona, Iberdrola y Repsol, reunidos en una gran mesa oval alrededor del rey (como si de la tabla redonda se tratara). El rey les había convocado para pedirles (¡¡¡¡) el favor de que hicieran lo posible por generar empleo y aliviar el sufrimiento de la gente. No es fácil captar la hondura política de esta reunión, porque más bien podría pasar por un bienintencionado gesto del rey en favor de la gente y ésta tomarlo, de manera acrítica, como un detalle benévolo por su parte (¡qué buen rey tenemos!) que, de paso, redunda en una buena imagen de la institución monárquica. Pero vayamos al fondo: en una genuina democracia (por muy del tipo monarquía constitucional que sea) el rey no representa al pueblo ni, por tanto, tiene poder. Quien tiene que convocar y meter en cintura a los poderosos son nuestros representantes parlamentarios. Pero si es el rey quien les llama personalmente y encima les suplica que piensen un poquito en la gente, estamos ante la escenificación de una verdad como una catedral: el reconocimiento tácito de que estamos en una oligarquía, a la que el propio rey reconoce y obedece, y, por supuesto, sobre la que nuestros parlamentarios no tienen ningún control. ¡Gracias, señores nobles del reino! ¡Gracias por vuestra magnanimidad! ¡Quiera Dios que tengáis la venia de dejar caer las migajas de vuestras ricas mesas para que el populacho pueda seguir tirando! Repito: la escenificación de una estampa medieval.

Lo dicho: este sistema capitalista es una enorme máquina devoradora que sólo existe si unos pocos cada vez menos van acumulando en sus manos cada vez más exprimiendo a la mayoría. Y los 100 primeros días de este nuevo gobierno proclaman a los cuatro vientos que no hay más verdad que ésta.