La nueva ley para criminalizar a los que ayudan a los inmigrantes

          El Gobierno está preparando una ley cuyo objetivo es castigar penalmente a aquellas personas y organizaciones que ayuden a los inmigrantes sin papeles.

Es brutal. Escucho la noticia y me quedo perplejo. No doy crédito a lo que estoy escuchando. ¿¡Cómo es posible!? ¿¡Qué tipo de locura nos está llevando a plantear semejante barbaridad!?

          Fijémonos bien en el calado de la medida. En la nueva ley será considerado DELITO ayudar a los inmigrantes que no tengan regularizada su situación. Por tanto, pasa a ser delito proporcionar asistencia médica, dar comida, proveer de un alojamiento, dar ropa o mantas, asesorarles para que inicien los trámites de su legalización y, por descontado, ayudarles a encontrar trabajo. Como mínimo se me ocurre decir que, por ley, se va a declarar delito la SOLIDARIDAD. Pero quiero ir más lejos. La ayuda a los inmigrantes no es una simple cuestión de solidaridad, sino de JUSTICIA. Y no es de recibo que La justicia sea perseguida por la ley (sigue...)

En primer lugar, ser inmigrante sin papeles no es un delito. Por más que se les denomine inmigrantes ilegales, su situación hacer referencia a una falta administrativa, no a la comisión de un delito criminal. Y, con los Derechos Humanos en la mano, hay que decir que toda persona tiene derecho a salir de su país, más aún si se trata de buscar una vida mejor, huyendo de una situación infernal de pobreza, hambre y guerra que, en muchos casos, está causada por el sistema económico impuesto al resto del mundo por los países ricos, como el nuestro, a los que, precisamente, llegan los inmigrantes.

En segundo lugar, volviendo de nuevo a los Derechos Humanos, todas las PERSONAS tienen derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a la educación y al trabajo. Son DERECHOS HUMANOS. Y sus portadores son las personas, independientemente del país que sean y de si tienen o no sus papeles en regla. Buen ejemplo de lo que estoy diciendo lo tenemos en ese nutrido número de médicos que se ha negado a obedecer la ley del gobierno por la cual se priva de asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Es de justicia, y así lo dicta su conciencia, que esas personas tienen derecho a ser atendidas, tengan o no papeles. Insisto: dar alojamiento, comida, servicio médico etc. son derechos humanos.

Tercero, y derivado de lo anterior, si son derechos humanos, son también DEBERES. Es decir, ayudar a los inmigrantes no es una cuestión de elección personal que dependa de nuestro mayor o menor altruismo y sentido de la caridad. Nos encontramos ante una cuestión de justicia. Los derechos de los demás son deberes para mí, son deberes para todos. Es nuestro deber procurar que todas las personas vean reconocidos sus derechos, muy especialmente aquellos que se refieren a las condiciones materiales mínimas que garantizan una existencia digna. Hacer caso omiso de estas necesidades sí que debería ser delito.

          Permitidme un excursus histórico. En el código de leyes más antiguo que se conoce, el del babilonio Hammurabi, se dice: “Muerte por ayudar a un esclavo a escapar o por refugiar a un esclavo”. En aquella sociedad los esclavos debían seguir siéndolo para garantizar a las élites su status de riqueza y poder. Si alguien ayudara a un esclavo sería castigado por ello. Siglos más tarde los judíos redactaron, atribuyendo a Moisés un papel de portavoz de la palabra de Dios, unas leyes entre las que se puede leer: “No entregarás a su señor al esclavo que huye de él y acude a ti”. Es un cambio radical. En este caso, no sólo no es delito ayudar al esclavo sino que es un deber darle cobijo y procurar los medios para que escape de su situación de esclavitud. Entre la ley de Hammurabi y la de Moisés hay un abismo, el abismo de la dignidad: una ley no la reconoce, la otra lucha por establecerla.

          ¿No se percibe el paralelismo con el proyecto de ley que prepara el Gobierno? Donde dice esclavo pongamos inmigrante que, por cierto, es un modo moderno de esclavitud. El inmigrante, en la inmensa mayoría de los casos, huye de una situación de miseria, violencia y muerte. Las condiciones de su país y la suya personal se pueden catalogar de verdadera esclavitud en el sentido de que la libertad de estas personas está secuestrada por unas situaciones económicas y políticas opresoras, esclavizadoras. ¿Y nosotros vamos ahora a castigar a quienes les ayuden?

          Hemos perdido el norte: ¿qué tipo de sociedad es aquella en la que se castigarán a las personas por cumplir con el deber de hacer respetar los derechos humanos?